LA PLATA, Septiembre 30.-(Por Marisa Alvarez) Con su prolongación en el tiempo y su aparente falta de salida, la crisis con el personal no docente de Educación ha adquirido una magnitud que pocos previeron en el gobierno de Daniel Scioli. Y a esta altura, su desenlace podría convertirse en “modelo” para la propagación, o no, de eventuales conflictos en el resto de la Administración provincial.
Pero desde su intensidad inquietante y sobre todo de su continuidad, el conflicto en Educación amenaza también con ser “el contexto” en el que se discuta el proyecto del Presupuesto de la Provincia para el 2013. Una iniciativa en la que el gabinete de Scioli aspira a imponer un nivel de “austeridad” tal que, según admiten en algunos ámbitos oficiales, resultará un eufemismo de “duro recorte” del gasto.
UN ESCENARIO COMPLICADO
La toma de la sede central de la Dirección General de Educación presenta aristas que deberían ser tenidas en cuenta. Refleja, en primer lugar, las dificultades del gobierno para imponer un achique que, como se dijo, el año que viene dejaría de ser motivo de discusiones sobre si se trata de “ajuste” o no, para pasar a ser un ajuste oficial, plasmado en el Presupuesto.
Ya se ha anticipado aquí. La Gobernación busca eliminar para 2013 la brecha entre gastos e ingresos de 7 mil millones de pesos que admitió en el cálculo formal de este año, sin contar los aumentos salariales concedidos después. Está claro que es un monto muy elevado como para representar sólo gasto “superfluo” o producto de “desórdenes” o “irregularidades” varias. (¿O el gobierno dejó que el gasto innecesario o irregular llegara hasta esos niveles?).
Por eso la postura del Ejecutivo en el conflicto de Educación se afirma en la decisión de “no retroceder” en el recorte de horas extras anunciado, como sí ocurrió, con la reducción de los subsidios a colegios privados. Si hay marcha atrás en este caso, muy difícilmente se pueda concretar la “austeridad” dura y generalizada que la administración Scioli se propone para el 2013.
LA OTRA CAMPANA
Por otro lado, la decisión de tomar la sede de Educación para rechazar el recorte fue resuelta, originalmente por los empleados del organismo, sin otra organización que la de una “autoconvocatoria”. Sólo después aparecieron un gremio buscando organizar la protesta y las negociaciones, y alguna agrupación sindical denunciada por el gobierno por aportar “violencia, amenazas a funcionarios y tensión” al conflicto.
Esos trabajadores afirman que la quita -aplicable a todo el universo de empleados administrativos- “afecta sueldo consolidado” y no horas extras reales. Plantean así una discusión ardua -cómo se conforman realmente los salarios en la Provincia-, que quizás no se termine definiendo en esta instancia, aún cuando finalmente se encuentre una solución al conflicto. Pero en ese marco los empleados en conflicto formulan algunos planteos aleatorios.
VIEJOS MALES, PROMESAS NUEVAS
Cuando Silvina Gvirtz se fue denunciando “ajuste” en esa cartera, desde el Ejecutivo se habló de un ausentismo docente del 24% que significa que todos los días faltan a su trabajo en la Provincia 50 mil docentes y que reflejaría, por lo tanto, una cantidad apreciable de pedidos de licencias médicas “truchas”. Y ya de manera extraoficial, se filtraron trascendidos sobre centenares de contratos truchos, sobre gente que cobra horas extras estando presa y otros “descontroles” cuando no ilícitos.
En realidad, nada sorprendente en un mundo, el de la Educación bonaerense, que padece desde hace décadas esas “anomalías”, puestas reiteradamente sobre la mesa de los problemas y las promesas de soluciones de las diferentes administraciones y siempre, al final, intocadas.
Pero el tema es que esta vez también se aseguró que serían esas “irregularidades y desmesuras” las que serían recortadas, y no los sueldos o los puestos de los que trabajan. Y hasta ahora el personal al que se le reducirá el monto que cobra por el rubro “horas extras” no tiene noticias de que se haya avanzado sobre el ausentismo trucho que genera miles de suplencias. Ni, según subrayan, sobre la superestructura en la conducción de Educación que creó Gvirtz, y que implica la generación de casi 150 cargos burocrático-políticos de altos sueldos, entre directores provinciales, directores “comunes”, subdirectores y asesores. Hasta donde se sabe, a sus titulares se les pidió la renuncia pero ya están siendo reemplazados.
En la Gobernación, en fin, entienden como un logro hasta ahora que, en medio de la grave crisis financiera que atraviesa la Provincia, el conflicto se mantenga acotado a una dependencia. Pero preocupa su estancamiento, la persistencia de la toma, la falta de “vías de soluciones” y el “ejemplo” que podría significar para el futuro cercano.(Fuente: EL DIA)