CAPITAL FEDERAL, Julio 04.-(Por Mario Wainfeld) Los terribles acontecimientos de Bariloche son conocidos por el lector de este diario; se los reseñará velozmente para encuadrar el tema. Darío Bonnefoi, un adolescente, fue asesinado por la policía local en un episodio de gatillo fácil. Las protestas de los pobladores de la zona humilde donde moraba la víctima fueron ferozmente reprimidas, resultando asesinados Nicolás Carrasco (otro menor de edad) y Sergio Cárdenas.
Un juez garantista y respetable, Martín Lozada, comenzó la instrucción y fue desplazado prestamente de ella por una Cámara que tiene espantosos pergaminos, entre ellos la victimización judicial de una mujer que había realizado un aborto permitido. Otro magistrado, Miguel Gaimaro Pozzi, recibió el encargo y le tomó indagatoria al cabo Sergio Colombil, quien disparó contra Bonnefoi. Colombil declaró que se le cayó la cartuchera, que se le escapó un tiro. Ya se sabe qué tremenda puntería tienen las balas perdidas en la narrativa policial.
El gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, se manejó como si lo fuera de Arkansas. Mantuvo distancia física e institucional por demasiados días, recién el jueves pasado consideró interesante costearse hasta Bariloche. Concedió una penosa conferencia de prensa que incluyó patoteadas a los asistentes que no le agradaban y agresión física a la cronista de Clarín Candelaria Schamun, entre otros.
Muchos vecinos de Bariloche defendieron el accionar policial y protagonizaron marchas de adhesión, acompañadas por patrulleros que desfilaban en triunfo.
Hasta ahí, en orden de aparición y de responsabilidad, los principales y directos culpables de sucesivas violaciones de derechos humanos:
Observadores mucho más calificados que el autor de esta columna describen un cuadro social que no es único en el país pero que, a su ver, cobra relieves muy marcados. Se trata de una grieta social, expresada geográficamente entre el Alto y el Bajo, las zonas que dividen en clases a una ciudad que siempre fue hermosa y que en los últimos años prosperó enormemente al calor del turismo y la resurrección de industrias regionales. La politóloga María Esperanza Casullo, bloguera y patagónica ella, hizo una notable semblanza en una columna publicada el 23 de junio en Página/12.
Los crímenes tienen, pues, su especificidad penal y geográfica. Y sus responsables centrales ya señalados: la fuerza de seguridad, el Ejecutivo y el Poder Judicial rionegrinos.
Esto subrayado, el cronista desea sugerir que, tal como sugiere un vistazo al mapa nacional, Río Negro no es una isla. Y que los acontecimientos distan de ser una flor exótica. Y, además, que son un desafío y un problema nacional. Veamos.
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El nudo gordiano previo y ulterior a los hechos no es novedoso ni data de este siglo. Se remonta a décadas y sigue irresuelto. Hablamos de la decisión, extendida en casi todas las provincias, de resignar el control y la autoridad políticos sobre la policía. En estos años, son flagrantes los ejemplos de Mendoza y Buenos Aires, denunciados reiteradamente por organismos de derechos humanos.
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