La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó este jueves, y por unanimidad de votos, el proyecto presentado por el diputado Gustavo Vignali referente a posicionar al Estado en un rol más activo en materia de protección a los derechos del consumidor.

La iniciativa cobró forma en el mes de mayo cuando el legislador destacaba que “debemos saber si el Estado resulta eficiente en su poder de policía, si persigue a las empresas que no cumplen con las normas referidas a la protección del consumidor y resultan ser de Orden Público, si se aplican las multas correspondientes y a qué se ha destinado el dinero recaudado”.

De esta manera, el Ministerio de Producción, la Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería, la Dirección Provincial de Comercio y el Departamento de Orientación al Consumidor deberán hacer visibles en una serie de informes, datos puntuales y objetivos -de cada uno de los Municipios provinciales- que permitan evaluar y corregir errores derivados de políticas impulsadas por la acción gubernamental, teniendo en cuenta su impacto en los consumidores de productos y servicios. 

Vignali le asigna notoriedad a la necesidad de conocer si existe realmente un sistema que contenga a los consumidores (protección de su salud, seguridad e intereses económicos), cuán eficientes resultan ser los procedimientos para la prevención y solución de conflictos, qué facilidad de acceso hay al mismo y si es debidamente conocido a partir de programas educativos.

Por eso, entre otras cosas, el diputado indagó  acerca de cuántos departamentos de información al consumidor existen, cuántos reclamos se recibieron (cuáles fueron resueltos y homologados favorablemente), qué medidas se tomaron y cuáles son las estadísticas de cada uno de los Municipios de la provincia respecto a resoluciones condenatorias contra proveedores de productos y servicios.

“Un Estado presente redundará en un gran beneficio para todas las partes de la relación de consumo”.  Así lo resumió Vignali, centrando su objetivo en generar un marco de protección que garantice -principalmente- una saludable e igualitaria accesibilidad al consumo, la sanción de abusos por parte de las empresas y la difusión de información sobre dónde, cómo y en qué casos deben denunciarse las infracciones.

Así, cuando los organismos destinatarios de la Solicitud otorguen la información correspondiente, podrá escrutarse con claridad y precisión qué correlato existe entre las políticas estatales con el Art. 42 de la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), el Art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el Código del Consumidor de la Provincia de Buenos Aires (Ley 13.133) y su modificación mediante Ley 14.514.

Fortalecer la relación Estado-Ciudadano-Empresa es un paso enorme y crucial para dar cauce a esta cuestión: frente a un Estado posicionado dinámica y eficazmente como ente mediador, las empresas deberán optimizar la calidad de sus bienes y servicios; mientras que los ciudadanos, por su parte, sentirán el respaldo de una acción gubernamental justa.