Por Valeria Vizzón, de la redacción de SaltoCiudad

Que en la Argentina hay impunidad no es ninguna novedad. Que los casos en los que están involucrados poderosos duermen en cajones durante años, y finalmente nadie resulta condenado, es casi una costumbre. Que las causas que involucran a empresarios, políticos y amigos del poder terminan en saco roto forma parte de nuestra idiosincrasia

Cuando el menemismo –esa década de la que muchos políticos formaron parte y ciudadanos acompañaron con su voto- terminó, se pensaba que muchos irían presos. Sin embargo, Carlos Menem, condenado y todo, goza de los fueros protectores que le otorga ser senador de la Nación. Y allí, cuando asiste (que, por cierto, lo hace muy poco), comparte banca con sus pares del FpV, la UCR, y otros bloques ¿Algún político pidió el desafuero? Podrán responder que sí, pero no prosperó, y no se los escucha hablar del tema en los muchos programas de TV a los que asisten a toda ahora para hablar de –justamente- que se tiene que acabar la impunidad en nuestro país.

En la Argentina no hay justicia, se repite. Y tanto se repite la frase deja de tener sentido. Pero debería tenerlo. A pocos días de la anunciada marcha en honor al fiscal Nisman, promovida por sus pares –los fiscales-, sería interesante y revelador que alguien hable en serio. Los fiscales salen en defensa de uno de los suyos, y es comprensible; les tocó a ellos. Ahora, esa misma justicia: ¿Quién la imparte? Es esa justicia lenta que no prospera, que llena las cárceles de pobres y defiende a los ricos y poderosos. Entonces, ¿quién se hace responsable de esa injusticia?

¿Quién se hace cargo de una justicia que convive con lo peor de la policía y de los servicios de inteligencia, que es responsable del armado de causas, que todavía tiene privilegios como no pagar ganancias, cuando sí lo paga un docente que tiene cargo directivo o que trabaja doble turno?

Sobran los motivos para marchar por una justicia independiente del poder ejecutivo, por una justicia que sea igual para pobres y ricos. Por una justicia que no conviva con lo peor de la policía y de los servicios de inteligencia. Por jueces y fiscales que no respondan al gobierno de turno. Gobiernos que a fines de su mandato ven cómo esos mismos jueces y fiscales que los acompañaban rumbean su mirada hacia el próximo gobierno y comienzan a darle la espalda. Esa película también la hemos visto muchas veces.

Por todas estas razones sobran los motivos para marchar. Pero también es verdad que en la convocatoria para la marcha organizada por los fiscales para el 18 de febrero no se habló de estos motivos, que tienen larguísima data. No son mencionados ni por los organizadores ni por muchos políticos que señalan que asistirán pero no marcharán primeros. Se habla de impunidad, pero no se habla de la parte que le corresponde a cada uno para que en nuestro país la impunidad sea moneda corriente.

El mejor homenaje a una persona que muere en circunstancias poco claras –sea Nisman o el vecino de la esquina- es llegar a la verdad, impartir justicia, y que los responsables cumplan su condena. En eso tienen que trabajar jueces y fiscales. Y los políticos, tanto los que forman parte del Poder Ejecutivo como los de la oposición, deberían dejar trabajar en paz, sin falacias, ni operaciones mediáticas ni dobles discursos. Ese sería el mejor homenaje. En tanto, los ciudadanos de a pie, tenemos la obligación de informarnos, de no perder de vista lo importante y de no ser funcionales a los intereses de turno. No comamos vidrio, porque de tanto comerlo, parece que nos gusta.

                                                                   ***