La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de Buenos Aires repudió la resolución de la Cámara de Apelaciones que ratificó el arresto domiciliario para cuatro de los cinco policías detenidos por la Masacre de Pergamino, en la que murieron siete detenidos en una comisaría.

En el texto, se indicó que “las querellas y el fiscal de la causa, Néstor Mastorchio, habían denunciado estrategias de entorpecimiento de la investigación judicial por parte de los imputados y sus defensores; sin embargo, la decisión de la Cámara desestimó estas advertencias”.

“La CPM volverá a apelar porque entiende que la resolución es contraria a la jurisprudencia vigente, agravia a los familiares de las víctimas y atenta con la búsqueda de justicia”, planteó la entidad en el comunicado que a continuación se reproduce completo.

La semana pasada el juez de Garantías, César Solazzi, concedió el arresto domiciliario con monitoreo satelital a través de una tobillera con GPS a los cinco imputados por la Masacre de Pergamino. Ahora, la Cámara de Apelaciones ratificó esa medida para cuatro de los cinco policías. Tanto la decisión de Solazzi como de la Cámara desconocieron el peligro de fuga y la probabilidad de entorpecer la investigación. Todo esto sucede mientras el Comisario Alberto Donza continúa prófugo de la justicia.

Ante la gravedad de esta situación, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) repudia la decisión de la justicia y advierte una vez más con preocupación la selectividad y privilegios que reciben, en muchos casos, los integrantes de la fuerza de seguridad. Asimismo, la CPM exige que se revea la aplicación efectiva de este beneficio porque entiende que pone en serio riesgo el avance de la causa judicial.

En ese sentido, el organismo recuerda que, desde el primer momento, la policía —valiéndose del carácter corporativo de las fuerzas de seguridad— intentó entorpecer la investigación. Entre las pruebas que existen en la causa, se determinó que fueron adulteraron los libros de la Comisaría; una vez imputados, ellos y sus defensores realizaron cuestionamientos generales sobre los actores del departamento judicial y denunciaron amenazas que nunca pudieron ser comprobadas.

Todas estas advertencias y denuncias presentadas por las querellas y por el fiscal Néstor Mastorchio fueron desoídas primero por el juzgado de Garantías y luego por la Cámara de Apelaciones. De hecho, resulta significativo el cambio de parecer del juez Solazzi puesto que él mismo, dos meses antes, había dictado la prisión preventiva de los imputados reconociendo el peligro de fuga y la probabilidad de entorpecer la investigación.

Entre un momento y el otro, la única novedad fueron los informes socioambientales y pericias psiquiátricas, que sostuvieron que los imputados cuentan con una estructura de “contención familiar”. Para Solazzi, esos resultados bastaron para considerar que se habían neutralizado las circunstancias que llevaron al dictado de la prisión preventiva. Sin embargo, la CPM señaló durante la audiencia en la Cámara de Apelaciones que esas definiciones resultan insuficientes para sostener una resolución que, a su vez, es contraria la jurisprudencia vigente y constituye un agravio a los familiares de los siete jóvenes que murieron quemados y asfixiados en la Comisaría 1ª.

Si bien la prisión preventiva no debe ser un recurso procesal de utilización sistemática porque vulnera los principios constitucionales de las personas no condenadas, sí debe ser considerada en aquellos casos, como éste, en los que exista la posibilidad de riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación penal. Las estrategias de encubrimiento por parte de los imputados y el estado prófugo del comisario Donza son prueba fehaciente de ese riesgo.

En este marco, la CPM —que patrocina a las familias de Sergio Filiberto, Fernando Latorre y Franco Pizarro— espera que la resolución sea revisada y que la justica tenga en cuenta la gravedad del hecho por el carácter de funcionarios públicos de los imputados.

Finalmente, la CPM señala que, desde el primer momento, la comunidad de Pergamino acompañó masivamente a los familiares de las víctimas en cada una de las marchas que siguen reclamando “Justicia por los 7”. En ese sentido, la reciente decisión de la Cámara de Apelaciones también desconoce el reclamo popular para que estos delitos sean condenados de manera proporcional al daño que han impuesto no sólo a las víctimas directas de la Masacre sino a toda la sociedad.