En el marco de la investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito desarrollada por la Fiscalía Federal de San Nicolás, los fiscales Matías Di Lello y Carlos Martín Amad le solicitaron al juez federal Marcelo Bailaque que indague al ex intendente sannicoleño Ismael José Passaglia, su esposa Liliana Ana Gaibazzi, sus hijos Ismael Santiago -diputado de la provincia de Buenos Aires-, Manuel -actual jefe comunal-, María y Delfina, Denisse Gastellú -esposa de Ismael Santiago-, y de otras cuatro personas que habrían colaborado en las maniobras para ocultar bienes.

Actualmente, según informó el medio Radio NOBA, para conocer la modalidad de negocios en el estado que Passaglia que intentará implantar en Ramallo: “Estadio San Nicolás”, La polémica obra que costó 3 veces más de lo presupuestado.

“El Estadio San Nicolás ha estado envuelto en una serie de problemas desde que se anunció su construcción. Han surgido preguntas sin respuesta sobre los altos costos que representó para el municipio, el endeudamiento millonario asociado a la obra y la falta de claridad en los contratos con entidades deportivas. El costo del estadio también ha generado controversia, ya que superó significativamente el presupuesto inicial y se desconoce la razón de este aumento desmedido. Además, se ha revelado que el municipio contrajo un préstamo para financiar parte de la obra, a pesar de las afirmaciones previas de que se estaba financiando con fondos municipales”, detallaron.

Además, informaron que “la falta de transparencia se extiende a los costos de mantenimiento y los ingresos generados por el estadio, que no se han hecho públicos, a pesar de las solicitudes de la oposición. En resumen, el Estadio San Nicolás se ha convertido en un tema plagado de preguntas sin respuesta y problemas legales para el gobierno local”.

“El intendente municipal ya afronta varias causas en la justicia entre las que se destacan las iniciadas por malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito y lavado de activos, causa por la que posee todos sus bienes embargados”, contaron

¿Qué pasó anteriormente?

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ordenó el embargo de sueldo del intendente de la localidad de San Nicolás, Manuel Passaglia, por desobedecer decisiones judiciales. En este caso, se trata de medidas de no innovar referidas a la reserva “Parque Aguiar”, el humedal que rodea a la ciudad. Allí, el intendente saliente realizó obras prohibidas por el plan de manejo de la reserva, que tiene rango de ordenanza municipal, con el objetivo de favorecer desarrollos inmobiliarios privados y familiares.

La orden incumplida data del 16 de mayo, cuando se precintó el área y se ordenó que se retiraran los camiones, las máquinas y equipos pesados de la zona. A partir de ahora, cada día de incumplimiento será además sancionado con una multa de 18 mil pesos, retroactiva a esa fecha. 

Los que se embargan son los últimos sueldos del intendente, que no va por la reelección: el candidato oficialista es su hermano mayor, Santiago, que compite con la camporista Cecilia Comerio.

El conflicto en torno a la reserva data de 2020. En plena pandemia, aprovechando que la gente estaba encerrada en su casa, el municipio comenzó una serie de obras que avanzaron sobre el humedal y su fauna autóctona: ensancharon el camino de acceso, para lo que tuvieron que talar cantidad de árboles, construyeron un puente vehicular para que los autos accedan a la isla y colocaron mobiliario fijo -sombrillas y bares- en la zona de las playas.

Hasta hace poco era habitual ver bandadas de pájaros sobrevolando en círculos la reserva, en busca de los árboles donde habían construido sus nidos, y que fueron talados por las máquinas de los Passaglia. Otra de las grandes amenazas para la fauna del humedal es la contaminación sonora. Los fines de semana el humedal se llena de gente, motores y música. Se han realizado varias fiestas en la playa, a pesar de la prohibición.

El movimiento ambiental local, buena parte del cual se nuclea en la Comisión Nicoleña por el Ambiente (CONA) y el Foro Medioambiental (FOMEA), rápidamente se organizó para protestar y denunciar ante la justicia provincial. Hubo varias movilizaciones que fueron reprimidas, hasta una abogada ambientalista fue detenida de manera irregular, el verano pasado, hecho que terminó con la remoción de todo el personal de la comisaría local.

En estos tres años, el tema fue escalando hasta llegar finalmente a la Suprema Corte, que antes de aplicar la multa, realizó varios llamados de atención al intendente debido a la acumulación de denuncias en su contra por desobedecer la medida cautelar. En mayo pasado, se emitió el tercero de los fallos, cuyo incumplimiento genera las medidas recientemente anunciadas.

El intendente dio notas a radios locales en las que se lo escuchó muy enojado. Ocurre que las playas son la principal carta para la construcción del proyecto de poder seccional de la familia, que ya abarca Ramallo, donde su candidata Cecilia Giammaría se impuso en las PASO, y Baradero. Acuden a pasar el día a las playas turistas de todas las localidades vecinas. Tanto, que poco después de las PASO anunció que crearía dos nuevas, llegando a un total de cuatro. 

El abogado ambientalista Fabián Maggi sostiene que "la multa diaria es baja, se acumula un monto importante por el tiempo acumulado. De todas maneras, no les gusta perder ni un centavo". Lo central para Maggi, querellante en varias causas contra el gobierno municipal, es que "ahora la fiscalía local va a quedar muy expuesta y va a tener que actuar en las otras investigaciones que tiene paradas".

Maggi se refiere a las causas por incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia. "A partir de nuestras denuncias la corte ordenó al Ministerio Público Fiscal iniciar investigaciones penales, pero pasan los meses y no se mueven", dice. "La titular de la UFI Número 1 de San Nicolás es María Verónica Marcantonio. En una ocasión, ante nuestro reclamo porque las máquinas seguían trabajando, en vez de actuar llamó al abogado del municipio." El jefe de Marcantonio sigue siendo el vidalista Julio Conte Grand, procurador ante la Suprema Corte y jefe del Ministerio Público Fiscal bonaerense.

¿Qué pasa con los Passaglia?

Recordemos que en el 2022 el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, fue citado a declarar en febrero luego de que dos fiscales lo imputaran por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Su padre, ex intendente de la localidad y funcionario de María Eugenia Vidal, y su hermano, también ligado a la política como diputado provincial, están en la mira de la Justicia. 

Un nuevo escándalo donde están incluidas altas sumas de dinero quedó relacionado con la familia Passaglia, esta vez con intervención judicial. El juez de Rosario, Marcelo Bailaque, citó al intendente, a su padre Ismael José y a su hermano Ismael Santiago para que presten declaración entre el 13 y el 14 de febrero.

Además, los fiscales Matías Di Lello y Carlos Amad le solicitaron al juez la citación de Delfina y María Passaglia, de Liliana Ana Gaibazzi, esposa Ismael José Passaglia, y de Denisse Gastellú, esposa de Ismael Santiago Passaglia, actual diputado provincial de Juntos por el Cambio. Otras cuatro personas relacionadas con la familia están en la mira por supuestos vínculos como testaferros.

Fabián Maggi, abogado de la Comisión Nicoleña por el Ambiente (CoNA), afirma que “facilitaron el acceso a las playas y pusieron instalaciones nuevas, en vez de hacer el mantenimiento necesario en ambas plantas de tratamiento de efluentes cloacales. que a pesar de ser casi nueva está totalmente deteriorada, y vuelcan directamente al río. La misma municipalidad que te invita a disfrutar la playa, es la que contamina el agua del río que usan los bañistas”. La preocupación de los ambientalistas es que se replique el modelo de Nordelta, del que ya hay indicios: se han cerrado con muros o alambre perimetral varias fracciones, paso previo que generalmente antecede al loteo. “Los amigos del poder compraron barato, sabiendo por dónde iba a pasar la obra pública y qué terrenos valorizaría”, sostienen.

De acuerdo a la versión de la fiscalía, Ismael J. Passaglia, desde su ingreso a la administración pública en 1991 “ha registrado un incremento patrimonial ostensible, demostrado a través de los numerosos bienes muebles e inmuebles adquiridos por sí y a nombre de integrantes de su grupo familiar, los cuales no guardarían correspondencia con los ingresos lícitos percibidos por el mismo en el ejercicio de la función pública”. Los fiscales advirtieron sobre “el elevado nivel de vida detentado por todos los miembros de la familia Passaglia, con innumerables viajes al exterior, elevados gastos mediante tarjetas de crédito de titularidad de Ismael J. Passaglia; adquisición de productos suntuosos, adquisición de divisas extranjeras, así como tenencias de plazos fijos del grupo familiar por sumas millonarias, todo lo cual resulta una demostración del incremento patrimonial injustificado que se le atribuye".

La denuncia contra los Passaglia

Corría el año 2018 cuando un testigo de identidad reservada y con supuesto conocimiento de los negocios de la familia nicoleña denunció que Ismael Passaglia, ex intendente, ex funcionario de la gestión de Vidal en Buenos Aires e incluso con lazos en el menemismo durante los 90, se habría enriquecido de forma ilícita durante su extensa carrera en el ejercicio de la función pública. 

“Los fondos obtenidos de manera ilícita por el imputado Ismael José Passaglia durante su desempeño en la administración pública habrían sido convertidos en los bienes detallados precedentemente, mediante lo cual adquirieron apariencia de un origen lícito”, fueron parte de los argumentos que presentaron los fiscales en la acusación.