La elección de autoridades en el Concejo Deliberante de Salto desnudó una inminente alianza entre el bloque de Cambiemos y  los concejales que responden al excandidato a intendente Daniel Spadone (1País).

A la hora del reparto de cargos la “entente” entre los ediles oficialistas y los dos representantes del FR permitió que la presidencia del Deliberativo quedará en manos de la radical Jorgelina Acevedo al tiempo que la vicepresidencia primera recayerá en el jefe del bloque massista Andrés Cardinale.

Pero dejando de lado las cuestiones propias de la “rosca” entre los diferentes legisladores se presenta una cuestión que hace bastante ruido: hace poco más de un año la Cámara de Comercio e Industria de Salto, en ese entonces presidida por el concejal Cardinale, ingresó en un proceso de quiebra que incluyó una escandalosa deuda de más de 700 mil pesos para con la Municipalidad, producto del cobro de tasas que se realizaba en las oficinas de la cámara y que no eran depositadas en tiempo y forma en las cuentas municipales.

También el misterioso cierre de la “cámara” implicó que al menos 4 personas quedaran en la calle al perder sus fuentes de trabajo.

La última perla en esta historia radica en que el estudio jurídico que asesoró y representó a la entidad durante la gestión del señor Cardinale y el proceso judicial desatado por la quiebra fue el que pertenece al doctor Daniel Arimay, referente local PRO y autotitulado integrante del “Equipo” de María Eugenia Vidal.

Pareciera entonces que los negocios secretos de algunos empiezan a salir a la luz ahora.