Por Blackie Walsh, redactora de www.laotracara.info

Mientras que a un narcisista se lo deje avanzar en su meta, que es aniquilar, es lo único que hará. Porque para eso se preparó, y/o fue moldeado en sus experiencias de la infancia.

Lo que vivimos en Argentina hace 4 meses es un aniquilamiento de diferentes derechos civiles y humanos, todos contemplados en la Constitución Nacional, y tristemente vemos otras vez como el Tercer Poder seguramente el que debe dar las garantías democráticas a una nación, no actúa.

Hace pocas horas la IGJ publicó la derogación de la resolución 34/2020 que asegura una composición equitativa entre hombres y mujeres en los altos cargos de sociedades anónimas, civiles, simples, fundaciones, y las sociedades estatales.

Precisamente el cupo femenino se creó para garantizar que las mujeres tengan la oportunidad de acceder a cargos directivos, dentro de una sociedad patriarcal que sólo por el hecho de ser mujer, se lo negaba.

La consultora KPMG indicó que cuando se lanzó la resolución, solo el 10, 3% de los miembros de los directorios de las empresas argentinas eran mujeres. En  2023 el % siguió siendo bajo, ya que de los 6.153 miembros titulares de juntas directivas, solo 1.077 eran mujeres, un 82,5% de hombres contra un poco más de un 15% de mujeres.

Quizás el dato más grave es que la  Inspección General de Justicia , la IGJ,  depende del Ministerio de Justicia de la Nación y nos preguntamos qué tipo de justicia contempla este gobierno sacando una ley que aseguraba un poco de igualdad entre ambos sexos.

Hasta el día de hoy el gobierno de Javier Milei tomó como eje de ataque social a las mujeres. Comenzando por actrices, cantantes, periodistas y organismos como el Ministerio de la Mujer. Milei también negó la disparidad de género dentro de la economía argentina en el Foro de Davos. Una contradicción que acaba de firmar avalando esta determinación o mejor dicho lanzando esta disposición vía la IGJ.

La misoginia desborda, y otra vez las mujeres debemos enfrentarnos al machismo extremo. La explícita intención de criminalizar el aborto, la omisión de las mujeres entre los héroes nacionales, la prohibición del lenguaje inclusivo o la ridiculización de programas de salud sexual, entre otros que ya mencionamos, son provocaciones deliberadas dirigidas a los votantes opositores, entre quienes las preocupaciones por la desigualdad de género son predominantes. 

Lo que todas y todos nos preguntamos es: porque el Congreso y los fiscales de la Nación que alguna vez promulgaron y votaron la Ley Micaela, por ejemplo, no hacen nada frente a la embestida del presidente de la nación contra  las mujeres?